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Pidió al gobierno nacional que cese con el decreto de intervención de la Obra Social El pedido a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) tuvo lugar durante un encuentro de los tres cuerpos de la UATRE el pasado viernes 6 de septiembre durante la cual el Secretario General de la UATRE, José Voytenco, destacó la importancia de que el control de OSPRERA vuelva a estar bajo la administración de quienes mejor conocen las necesidades del sector rural. “Es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar a los dirigentes populares y al movimiento obrero en su conjunto”, enfatizó el sindicalista. El fallo judicial, emitido a finales de agosto por la Justicia Federal de La Pampa, anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de ese mismo mes, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo. La intervención había sido formalizada mediante el Decreto Nº 720/2024, argumentando problemas de liquidez y endeudamiento en la obra social. Voytenco resaltó que la intervención fue una medida injusta y que su única finalidad fue despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social. “Reafirmamos que la UATRE es y será un bastión de libertad, y no cualquier libertad, sino la de gestionar nuestra propia Obra Social, entendiendo profundamente las necesidades de la familia rural”, señaló el conductor de los/as trabajadores/as rurales. En la reunión, el gremio consensuó una serie de reclamos dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS): 1. La nulidad absoluta del decreto de intervención de OSPRERA, al 2. La ratificación del fallo de la Justicia Federal del 21 de agosto, que hizo lugar al pedido de UATRE y declaró nula la intervención. 3. El respeto a la resolución previa de la Justicia Federal del 10 de junio, que ordenaba la normalización de OSPRERA a través de sus cuerpos orgánicos. 4. Que OSPRERA quede en manos de sus verdaderos afiliados y 5. Que la Superintendencia de Servicios de Salud respete su propia decisión al emitir el certificado de Autoridades y Mandatos hasta el 30 de junio de 2028. 6. Que la Superintendencia de Servicios de Salud no ignore las decisiones de la Justicia y se ajuste a las funciones para las cuales fue creada. 7. Que el Gobierno Nacional respete la división de poderes y la libertad sindical. “Quiero reafirmar mi compromiso, que no es con la política sino con cada uno de ustedes, con cada trabajador rural y sus familias”, concluyó Voytenco, insistiendo en la necesidad de unidad frente a los desafíos actuales. |
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