Por presunta asociación ilícita para quedarse con la institución
La Justicia devolvió a la UATRE el control de su Obra Social y ordenó investigar a funcionarios del gobierno nacional y a un legislador nacional

Buenos Aires - El Juzgado Federal de Santa Rosa dejó sin efecto el Decreto del presidente Javier Milei que intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) y ordenó que se investigue a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, y al diputado libertario Pablo Ansaloni, por posible delito de asociación ilícita y tráfico de influencias para hacerse del control de la entidad sanitaria.

La medida de la Justicia responde a una presentación del Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, donde detalla una serie de irregularidades en el proceso administrativo de la intervención y explica que la Superintendencia de Servicios de Salud solicitó el 4 de agosto a la administración de la OSPRERA una serie de requerimientos, con plazo para entregarlos hasta el 22 de agosto, pero que resolvió la intervención antes de terminar el tiempo estipulado un día después de solicitarlo.

La sentencia apunta al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Gonzalo Oriolo, por lo que la Justicia le pidió al funcionario que presente los informes que argumentan la intervención y la decisión de designar un normalizador, a la vez de que ordenó la suspensión preventiva de la resolución de intervención.

El magistrado remarcó en el fallo que el estado contable “crítico” que describió la Superintendencia para respaldar la intervención, no es consecuente con el “análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023”, en el que, “se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido” explica la sentencia.

Para la justicia tampoco se acredita la situación prestacional, ni la litigiosidad que detalla Oriolo, cuya resolución presenta cifras por encima de las que se pudieron constatar en la investigación.

También se dio lugar a la denuncia contra Oriolo y los funcionarios del área que participaron de la Resolución, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Además, se investigará al diputado nacional por La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, por los últimos dos delitos, llevados presuntamente a cabo “con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse del control de la Obra Social”, indica el falló.

Ansaloni estuvo a cargo de OSPRERA y terminó su gestión a raíz de una denuncia que aún se encuentra abierta por posible una defraudación multimillonaria de la obra social.